El régimen consiste en un bono fiscal transferible equivalente al 14% de las ventas realizadas, que puede ser usado para cancelar impuestos nacionales (IVA, Ganancias, Cheque, Ganancia mínima presunta) o ser transferido a terceros y que representa unos $4.142 millones según la estimación para este año del Ministerio de Hacienda.
Entre los principales cambios, la prórroga es de un año -la última fue de seis meses- con la posibilidad de presentar solicitudes hasta marzo de 2019.
Pero el cambio más importante es que ya no será un requisito mantener la plantilla teniendo como base de referencia el mayor número de empleados registrados durante diciembre de 2011, y la constancia de no haber aplicado suspensiones sin goce de haberes. Este trámite generaba malestar entre los industriales y requería la firma del sindicato.
En cambio, se mantendrá la modificación de la base de cálculo del beneficio para premiar a las empresas que producen con mayor valor agregado e integración local.
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