La flamante norma contempla una modificación integral de la Ley 26.940 sancionada por la administración anterior y que creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal).
El cambio prevé una reducción de las multas dinerarias establecidas en el régimen y también de los tiempos de permanencia de las compañías inspeccionadas dentro del registro, considerado una suerte de “veraz laboral”. En la actualidad hay 22.000 empresas incorporadas en ese registro.
La Ley 26.940 que alumbró el sistema vigente estipula que las compañías sancionadas no pueden “acceder a programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, líneas de crédito otorgadas por bancos públicos”, celebrar contratos de diversa índole ni participar de concesiones o acceder a beneficios económicos de parte del sector público.
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