Uruguay alcanzó un hito impensable hace una década: cubrir la totalidad de su demanda de energía eléctrica con fuentes renovables. Poco más del 70% de la electricidad consumida ese día se generó en plantas hidroeléctricas. La segunda fuente de energía limpia más prevalente (21%) fue aportada por un sector que, tan sólo ocho años atrás, ni siquiera existía en el país: la energía eólica.
Tras la década de sequía que sufrió entre 1997 y 2007, Uruguay gastaba más de US$2.800 millones al año en importaciones de combustibles fósiles. La energía hídrica se había desplomado del 90% al 50% en la matriz energética y el país se veía obligado a comprar energía del extranjero.
Uruguay cambió de estrategia y apostó por las energías renovables no convencionales.
Fue entonces cuando, en 2008, el gobierno buscó una manera de diversificar sus fuentes de energía para nivelar el equilibrio entre demanda y oferta, y aprobó un plan energético a 25 años que puso el enfoque en el viento, el sol y la biomasa.
Con la ayuda de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Uruguay creó un entorno propicio para la inversión externa. No hubo subsidios, sino licitaciones transparentes con seguridad e incentivos para los inversores. Entre 2010 y 2015 el estado y el sector privado invirtieron más de US$7.000 millones en energías renovables.
Franco Carassale
