El Proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso implica cambios graduales que se extenderán hasta 2022, es decir, más allá del mandato del presidente Mauricio Macri, que termina en 2019.

Las modificaciones responden al pedido de los empresarios de reducir los costos laborales no salariales, que son los más altos de la región y que ahogan sobre todo a las pymes.

La propuesta del Gobierno mejora esas condiciones a lo largo de los años contemplados pero sobre todo para los casos de trabajadores con sueldos más bajos.

Fuentes del Ministerio de Trabajo dijeron a La Nación que, con la reforma laboral que ya circula entre los representantes de distintos sectores, se apunta a “la reducción del nivel actual de los costos laborales no salariales, que como mínimo es del 44%, hasta llegar al 30%. El costo de los aportes es del 27% del salario para el empleador y del 17% para el empleado, pero hay casos en que es mayor por costos asociados a los distintos convenios colectivos”.

“Los aportes de los trabajadores no se los beneficia con deducción alguna, quedan en el 11% por jubilación y 3% por obra social (más algún punto relacionado con convenios colectivos)”, apuntó al diario la contadora y experta en temas tributarios Marina Parera.

En Trabajo agregan que “se van a eliminar progresivamente contribuciones patronales en 5 años a los salarios bajos, porque creemos que eso va a beneficiar a los trabajadores que están en la informalidad”.

Y aclaran que “estas contribuciones no le permiten al empleador blanquear por un tema económico. Estamos subsidiando también la contratación de empleados de baja remuneración, que en general son los de los jóvenes”.

En primer lugar, el proyecto habla de una contribución unificada de la seguridad social (CUSS). De aquí se excluyen las contribuciones con destino a la Administración Nacional de Seguro de Salud (Anssal) y a las obras sociales. “Sin una quita de aportes sindicales ni a las obras sociales. Sólo se refiere a la seguridad social”, añadieron en la cartera que conduce Jorge Triaca.

Según el borrador que propone el Gobierno, bajan de a poco las contribuciones patronales a través de la implementación de “montos mínimos no imponibles del salario”.

En 2018 ese mínimo será de $2300 por mes, o “la parte proporcional que corresponda actualizada por el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec acumulado”. En 2019 será de $4600, hasta llegar a 2022 con un monto de $11.500, después del cual corren las alícuotas de los aportes.

Por otro lado, la alícuota que se debe pagar por las contribuciones patronales se divide en dos, según el negocio que se lleve adelante. “El esquema se basa en la división de alícuotas que planteaba un decreto (814/01) que dividía a los empleadores en dos grupos, aplicándoles una alícuota por contribuciones (sin obra social) del 17% a las pymes, asociaciones gremiales, obras sociales y actividades industriales, y del 21% al resto de los empleadores”, explicó Parera a La Nación.

Como detalle, “la AFIP descubrió que empresas ‘amigas’ estaban mal categorizadas para pagar menos impuestos”, aseguraron al matutino en despachos oficiales.

Además de poner esta situación en regla, el proyecto contempla que los montos que paguen las empresas cambien gradualmente para que todos los sectores lleguen a pagar lo mismo (19%) en 2022.

Por su parte, Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), explica que “un sueldo bruto pactado de $20.000 es un sueldo neto de $16.000 para el trabajador y una erogación de $27.000 para el empleador. Pero si el empleado tiene una remuneración de $50.000, el empleador debe pagar casi $68.000, mientras que el trabajador recibe 41.500 pesos. Con este proyecto, cuanto mayor sea el porcentaje de trabajadores de baja calificación, mayor será la reducción de costos para las empresas”.

La baja, en 2018, será casi imperceptible. “Para un salario promedio, que hoy es de $25.000, el ahorro mensual de costo laboral en el primer año de la propuesta del Gobierno es de unos $300 por mes”, dijo Bour a La Nación.

Y añadió que “para empresas que ocupan personal con mayores salarios, el impacto es menor. Pero para empresas con personal de alta calificación, o simplemente para salarios por arriba del tope de $ 82.000, el costo de contratar empleados aumenta”, en la medida en que se propone eliminar dicho tope que rige hoy para efectuar aportes, y pagar contribuciones por la totalidad del salario.

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