En diciembre de 2015, la actriz Nicola Thorp, de 27 años, consiguió un empleo temporal como recepcionista en las oficinas de PwC en Londres. Al llegar a su puesto de trabajo, le indicaron que los elegantes zapatos planos que llevaba no se ajustaban a las exigencias de su empleador, una empresa subcontratada, que exigía a las mujeres llevar tacones de entre cinco y 10 centímetros para ese puesto. Sus superiores se rieron de Thorp cuando insinuó que la exigencia podía ser discriminatoria y, al negarse a salir a comprar unos zapatos nuevos, fue despedida sin paga.
Este lunes por la tarde, Nicola Thorp posaba sonriente junto a dos diputadas ante el Parlamento de Westminster para una foto que compartiría en Twitter. En sus manos, el informe de 54 páginas, elaborado por dos comités parlamentarios, que se disponía a debatir la Cámara de los Comunes. Su título: Tacones altos y códigos de vestuario en el puesto de trabajo.
Entre un episodio y otro, hay una campaña cuyo éxito revela la magnitud del problema. Thorp buscó ayuda y le informaron de que las empresas tienen derecho a imponer códigos de vestuario en el trabajo. En mayo del año pasado decidió crear una petición online para «hacer ilegal que una compañía exija a mujeres que lleven tacones altos al trabajo». La petición recogió 152.420 firmas, obligando a los diputados a debatirla.
El comité parlamentario que estudia las peticiones populares descubrió, como explica en sus conclusiones, que «apenas había habido debate en el Parlamento sobre códigos de vestimenta en el trabajo basados en el género». La última vez que se trató el tema fue en septiembre de 2011, cuando la entonces responsable de Igualdad y Mujer y hoy primera ministra, Theresa May, respondió por rescrito a una pregunta parlamentaria señalando que consideraba que «los códigos de vestimenta tradicionales, basados en el género, fomentan una sensación de profesionalidad en el puesto de trabajo».
El comité concluyó que procedía elaborar un estudio en profundidad sobre el asunto, y decidió recabar historias de las ciudadanas. Abrió un canal con ese fin entre el 8 y el 15 de junio de 2016. En solo una semana recibió 730 testimonios. Y descubrió que no se trataba solo del «dolor y el daño a largo plazo por llevar tacones durante periodos de tiempo largos».
El informe, publicado a finales de enero, recoge también testimonios de mujeres a las que se les obligaba «a teñirse el pelo de rubio, a llevar atuendos sugerentes o a aplicarse constantemente maquillaje».
El Gobierno británico, que debe responder a aquellas peticiones que superan las 10.000 firmas, dijo el 24 de junio que «los códigos de vestimenta de las empresas deben ser razonables e incluir requerimientos equivalentes para hombres y mujeres». En el informe debatido esta tarde, el Gobierno insiste en que las exigencias que se impusieron a Thorp eran ilegales en virtud de la ley de Igualdad de 2010, que impide discriminar contra mujeres y otros «colectivos protegidos». Pero los diputados se quejan de que la ley exige a las trabajadoras probar que el trato que reciben es «menos favorable», lo que ha disuadido a muchas de denunciar discriminación.
«El Gobierno sostiene que la ley vigente es clara y que la exigencia indumentaria que dio pie a esta petición ya es ilegal. Sin embargo, los códigos de vestimenta discriminatorios siguen muy extendidos», concluye el estudio. «Está claro que la ley actual no es eficaz para proteger a los empleados de la discriminación en el trabajo. Pedimos al Gobierno que revise esta parte de la ley».
La Nación
